Tras la condena por la causa Vialidad, la exmandataria recurre a las Naciones Unidas para denunciar un plan de proscripción política y la persecución del poder judicial.
La expresidenta Cristina Kirchner publicó una extensa carta abierta titulada “El costo democrático de la politización de la justicia”. En el documento, la titular del PJ no solo ratifica su inocencia tras la condena por la causa Vialidad, sino que anuncia una contraofensiva legal en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ante lo que considera una persecución política coordinada por el Poder Judicial, fenómeno que —según denuncia— se agudizó en el actual clima político del país.
La exmandataria vincula directamente su situación judicial con una estrategia de “proscripción” que busca excluirla del mapa electoral. Según sus palabras, el trasfondo de las sentencias en su contra no responde a criterios jurídicos, sino a un intento de disciplinamiento político. “La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria“, subrayó en la misiva. Para CFK, esta maniobra no solo la afecta a ella, sino que “constituye una violación de los derechos políticos de cada argentino y de cada argentina” al arrebatarle al pueblo la posibilidad de elegir.
El recurso ante la ONU y la denuncia por cuestiones de género
Ante lo que describe como el agotamiento de los mecanismos de protección interna en una Argentina donde las garantías parecen haberse suspendido para los opositores al gobierno de Javier Milei, la exvicepresidente confirmó que presentó una comunicación individual ante las Naciones Unidas. Para esta etapa, convocó a los abogados extranjeros Javier Borrego (España) exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) entre 2003 y 2008, y Rafael Valim (Brasil), quien integró la estrategia jurídica internacional del presidente brasileño, Lula da Silva, cuyo caso terminó con un dictamen favorable del Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2022.
Uno de los puntos salientes de su misiva es la denuncia de un sesgo de género en la justicia. Kirchner sostiene que las violaciones a sus derechos nacen de un “machismo estructural” y que fue juzgada no solo por sus políticas, sino fundamentalmente por su condición de mujer. En este sentido, planteó una pregunta retórica cargada de ironía sobre su lugar en la historia: “Ser la única mujer electa y reelecta Presidenta de la República Argentina y, al mismo tiempo, con los desastres que se han hecho a lo largo de la historia en nuestro país… ¿ser la única ex presidente condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?”.
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Por otra parte, en una crítica al escenario político actual, la exmandataria advirtió sobre el riesgo que corren las democracias cuando “los jueces sustituyen la voluntad popular”. Fernández de Kirchner sugirió, además, que la utilización del sistema de justicia como arma política —proceso conocido como lawfare— es una amenaza vigente que encontró un terreno fértil en la actual coyuntura.
La misiva cierra con una fuerte apelación a su base militante que busca transformar su situación judicial en una plataforma de resistencia política. Con un mensaje que desafía el aislamiento que el Gobierno y la justicia parecen imponerle, sentenció: “Ninguna proscripción ha logrado apagar definitivamente la voluntad popular. Muy pronto volveremos a encontrarnos”. Con este anuncio, la exmandataria deja claro que, pese a la condena, mantiene su voluntad de liderazgo y que buscará trasladar la disputa por la verdad histórica a los tribunales internacionales.